Elegimos luchar…
No apoyes a tus explotadores, ¡Toma partido con el Partido Comunista!
A pesar de las fuertes afectaciones del Covid-19, tanto en contagios como en muertes, el proceso electoral del 6 de junio sigue su curso, confirmando así la clase dominante que no interesa la vida y salud de la población, sino asegurar el funcionamiento de la economía y la dictadura de clase de la burguesía, mal llamada democracia.
El proceso electoral inició con la convocatoria del Instituto Nacional Electoral al registro de nuevos partidos en 2019. El Partido Comunista de México (PCM) decidió incursionar en la convocatoria con el fin de utilizar la campaña electoral para difundir de manera amplia nuestro programa político, el programa de lucha por la Revolución Socialista. Sin embargo, de inmediato enfrentamos criterios inadmisibles para obtener el registro. El primer y más importante obstáculo es la exigencia de entregar al Estado los nombres y direcciones de nuestra militancia; situación a la que nos oponemos considerando el espionaje, la militarización, las violaciones a los derechos humanos y la persecución política que imperan en nuestro país. Tan sólo ese principio electoral demuestra la antidemocracia. La segunda restricción inadmisible es la exigencia de romper todo vínculo con cualquier otro Partido Comunista y renunciar al principio del internacionalismo proletario. Existen además otras restricciones inadmisibles, como la injerencia del INE en la vida interna de un Partido, que le permitiría tomar decisiones o rechazar decisiones tomadas por sus militantes y sus órganos de dirección. Además de estas restricciones antidemocráticas, el sistema electoral en México obliga a la realización de afiliaciones y asambleas con un formato burocrático que no representa la forma natural de organización de la clase obrera y los sectores populares. De esta manera, únicamente los grupos políticos con grandes recursos financieros son los que logran obtener el registro, mediante el acarreo, el corporativismo y el clientelismo político; es decir, sólo los monopolios o el crimen organizado están en posibilidades de registrar a sus partidos. Ejemplo de ello es que los nuevos “partidos” registrados sean Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el evangélico Partido Encuentro Social, que funcionan como simples franquicias y apéndices del gobierno de Obrador.
Como su propio actuar lo ha evidenciado, el INE (y antes el IFE) funciona como un grupo de choque de la clase dominante en defensa de sus intereses, utilizando la ley a discreción. Esta situación se deriva de la jurisprudencia y legislación electoral elaborada en los años 90 por el nefasto presidente Carlos Salinas de Gortari, en concordancia con el TLCAN, que tenía como objetivo asegurar que los partidos con registro fueran funcionales al sistema, es decir, partidos del orden, y excluir de facto al partido de la clase obrera, al partido revolucionario. Pese al cacareo de un cambio democrático en México desde las elecciones pasadas, y la aparente pugna entre el INE y el gobierno federal, ningún partido burgués tiene intenciones de realizar una reforma política que desmonte estas medidas antidemocráticas. Debido a estas condiciones antidemocráticas el PCM decidió no concurrir al proceso de registro.
Ello significa que el abanico de opciones electorales presentes en las elecciones del 6 de junio expresa absolutamente los intereses de la clase dominante, la burguesía, y que las diferencias que puedan existir son sólo expresiones de la disputa interburguesa, en la que los trabajadores no cuentan, y el electorado configuraría una masa pasiva convocada estrictamente para la legalización del poder de los monopolios.
Antes del 2018 se especulaba que existían alternativas a las políticas de choque capitalista, que se podía tomar otro camino. El PCM advirtió que se trataba de ilusiones, que con la llegada a la Presidencia de López Obrador nada en esencia cambiaría, aunque se produjera una operación cosmética. Estos años han demostrado que no estábamos errados en el análisis, ¡nada ha cambiado!:
- Siguió en curso la militarización del país, legalizando la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y cediéndole sectores económicos como la construcción y administración de una parte del Tren Maya y el nuevo Aeropuerto, o el control de Puertos y Aduanas. Este proceso de militarización ha contado con la aprobación de todos los partidos burgueses: MORENA, PRI, PAN y PRD. La Guardia Nacional profundizó la doctrina contrainsurgente según la cual el objetivo principal de las Fuerzas Armadas es combatir al “enemigo interior”, lo cual se evidencia cuando los presupuestos se orientan a equipos antimotines. Además, el Ejército y la Marina con vestimenta de Guardia Nacional son los ejecutores de la política antiinmigrante acordada entre los gobiernos de EEUU y México por Pompeo y Ebrad, y que ahora continúan con Biden bajo la conducción ejecutiva de Kamala Harris.
- El nuevo partido gobernante, MORENA de López Obrador, decidió dar continuidad al nefasto TLCAN, ahora renombrado TMEC, en alianza con Trump. Éste es un acuerdo lesivo de los derechos de los trabajadores, que beneficia exclusivamente a los monopolios de América del Norte. Continuaron tal cual el pago de la deuda externa, los compromisos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Ningún cambio verdadero.
- La retórica de poner fin al neoliberalismo es sin duda letra muerta. Ni una sola de las 1100 empresas estatales privatizadas volvió a ser pública, y varios de los grupos monopolistas beneficiarios de las privatizaciones del neoliberalismo, como aquellos encabezados por Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim, siguen gozando de una privilegiada relación con el Presidente, además de colaborar activamente con sus alfiles en el gabinete sexenal, como el caso de Esteban Moctezuma.
- El poder de los monopolios está intacto. En el curso de la actual crisis capitalista las medidas gubernamentales adoptadas tienen como único objetivo salvaguardar las ganancias de los explotadores y continuar cargando los costos sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias. La reforma laboral de 2008 se mantuvo intacta con el nuevo gobierno, quien además profundizó el outsourcing legalizándolo, y lleva adelante una serie de ataques directos a los derechos y conquistas de la clase obrera. Por ejemplo, la desaparición del subsidio para el cuidado de los hijos de las trabajadoras en guarderías o instancias infantiles; los recortes y despidos en el sector público, y la omisión de acciones contra la violación a las leyes laborales por parte de los capitalistas; y en general se puede señalar la llamada política de austeridad republicana.
- Con el apoyo de la Presidencia de la República se promueve una variante del fenómeno del charrismo sindical, esto es, una correa del Estado burgués, para maniatar y controlar a la clase obrera, trasladando el modelo de la AFL-CIO (EEUU) que en nombre de la “libertad sindical” va contra sindicatos unidos, autónomos y clasistas.
- El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido persistentemente golpeado con el aumento de los combustibles, el gas, el agua, la electricidad, la canasta básica y toda una serie de servicios que la clase obrera consume, en general con una escalada de precios sin control alguno en los alimentos y con una depreciación real del salario.
- Sin excepción, los partidos burgueses han despreciado la situación de la salud y la educación. Durante la pandemia, 5 millones de niños y jóvenes han tenido que abandonar el sistema educativo, cuya gestión fue puesta en manos de los monopolios de la televisión. El 94% de los 225,000 muertos por Covid-19 son de la clase obrera, trabajadoras y trabajadores manuales, operativos, jubilados y pensionados. Pero el sector privado de la salud se mantuvo intacto, al margen de la débil infraestructura de salud pública, y beneficiado por el actual gobierno al trasladarle millones de pesos en plena pandemia. Ni el Gobierno y sus partidos, ni los partidos de la oposición, tomaron medida alguna para garantizar la sana distancia y sobre todo el resguardo domiciliario. Cada trabajador tuvo que elegir entre morir de hambre o de enfermedad, y ahí están las trágicas consecuencias.
- Tampoco el Gobierno, ni su Partido MORENA o sus aliados, PT, PVEM, PES, ni la llamada oposición, PAN, PRI, MC, PRD, han legislado o decidido alguna medida frente a la creciente pobreza. Antes de Obrador la pobreza era del 41.6% de la población, y a tres años de su gobierno es de 50.6%. A pesar de que se llena la boca con sus programas gubernamentales, éstos solamente conllevan a la transferencia de recursos públicos a manos privadas así como la continuación del clientelismo y la compra de consciencia, sin cambiar nada de raíz.
En general no hay diferencias significativas entre todos los partidos que hoy disputan el parlamento y varias gubernaturas y municipios. Todos representan los intereses de la burguesía, y a ninguno interesa la vida de la clase obrera, de los campesinos pobres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de la juventud y los estudiantes, de la mujer, de los desempleados. Las campañas electorales son un muladar donde disputan quién arroja más insultos de un lado a otro, quién postuló a más corruptos o personeros del crimen. Ni siquiera los múltiples asesinatos de candidatos detienen la contienda electoral, para el resto de los competidores a cargos públicos un aspirante menos les resulta beneficioso.
Los partidos burgueses pretenden construir una imagen de normalidad que no existe. De manera criminal, la burguesía en pleno y sus partidos se ciñen al guión de que estamos superando la crisis sanitaria del COVID-19, como si México estuviera al margen de la tercera ola. Por eso, de manera irresponsable y acelerada buscan el regreso a clases un día después de las elecciones y han permitido el proselitismo electoral desenfrenado, cuando la gran mayoría de los padres de familia y los niños aún no han sido vacunados. No les importa la vida, el dolor o los sufrimientos del proletariado mexicano.
Prosigue la agresión gubernamental contra la educación pública, ahí está el caso de las Normales Rurales y los golpes a la FECSM; al tiempo que se anuncian más medidas contra los derechos de los trabajadores y una mayor dureza racista contra los migrantes. El gobierno socialdemócrata de López Obrador, al igual que las gestiones progresistas de otros países, es un agente de la desmovilización, y quizás en lo que puedan distinguirse una de otras es que el actual gobierno de AMLO al parecer lleva a cabo esta tarea con mayor éxito. Por ello, hoy es más necesario que nunca organizarse y luchar contra los golpes asestados a clase obrera y los sectores populares, contra las medidas que sucederán después de que concluya el periodo electoral.
Hoy, de manera vergonzante el espectro de lo que anteriormente se llamaba “izquierda” cierra filas con este gobierno y sus medidas de choque a favor de los monopolistas. En 1994 muchos se opusieron al TLCAN, pero hoy son sumisos a un tratado más lesivo: el TMEC; lacayunamente aceptan la militarización, guardan silencio frente a graves represiones, el despojo de los megaproyectos, el asesinato de luchadores sociales. No sólo han sacrificado sus principios, sino que son un grupo de choque que considera la crítica revolucionaria al gobierno como si ésta fuera de derecha, cuando en realidad es la derecha la que gobierna. Del movimiento social y político existente antes del 2018 poco queda. La desmovilización impera; y no es por la pandemia, es porque esa “izquierda” fue cooptada para colaborar con el Estado por la gestión socialdemócrata de AMLO.
La burguesía, a partir de sus partidos (llámese MORENA, PRI-PAN, o cualquiera de sus satélites) buscan conducir a los trabajadores a un callejón sin salida, a elegir entre el capitalismo malo y capitalismo peor. Su discurso se reduce a señalar las miserias de los anteriores gobiernos, o la situación evidentemente desastrosa del gobierno actual. El ofrecimiento no va más allá de una despensa o un programa social a cambio de mantener intacto este sistema de explotación. Ninguno de los partidos discute los grandes problemas nacionales ni las alternativas de solución.
En conclusión, ninguno de los partidos que estarán en la boleta este 6 de junio expresan los intereses de la clase obrera ni de los sectores populares; como advertimos desde 2018, cualquiera que sea el resultado, continuarán gobernando y legislando medidas antipopulares en beneficio de la burguesía. Por lo tanto, el Partido Comunista de México llama en este momento concreto a la abstención electoral, a no apoyar y legitimar a nuestros explotadores, sino a construir organización entre los explotados y oprimidos, a apresurar el paso para los cambios verdaderos y radicales que modifiquen esta asfixiante realidad. El Partido Comunista los convoca a unirse y tomar partido como clase, en una dirección necesaria e impostergable: el Poder Obrero, la socialización de la economía y la planificación centralizada de la producción social y la economía, el control de los trabajadores en todos los rubros de la sociedad, a democratizar por completo la sociedad con el protagonismo de los trabajadores a través de su Estado, en una palabra, a construir en nuestro país el socialismo-comunismo.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
El Comité Central del Partido Comunista de México